Esta mañana se concretó la detención del mburuvicha de Puente Quemado II, Santiago Ramos, en la Comisaría de Garuhapé, en el marco de una causa judicial caratulada como “supuesta usurpación”, que tramita el Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico.
El hecho -a días de haber llevado el caso de esta Comunidad Mbya ante la ONU por su lucha territorial contra la multinacional Arauco-, resulta tan absurdo como ilegítimo, porque nadie es usurpador en su propio territorio. El lote en cuestión se encuentra dentro del relevamiento territorial en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación ancestral de la Comunidad.
Previo a la detención de Santiago, se llevó a cabo un operativo en el que efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para constatar lo que ellos consideran usurpación, y notificaron a una integrante de la Comunidad en un accionar que vuelve a dejar en evidencia el avasallamiento sistemático de derechos hacia el Pueblo Mbya.
Los uniformados ignoraron incluso disposiciones internas de la propia fuerza: hace cuatro años, la Jefatura de Policía de Misiones estableció que cualquier notificación a comunidades Mbya debe realizarse por escrito, en castellano y en guaraní, y con la presencia de intérpretes si fuera necesario. Nada de esto fue respetado.
El contexto no es menor. Días atrás, la situación de Puente Quemado II fue expuesta ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Allí se denunció el avance sobre sus territorios, la falta de consulta previa y la vulneración de derechos básicos como el acceso al agua. Hoy, la respuesta del gobierno provincial es acusarlos de usurpadores.
Exigir la inmediata liberación del mburuvicha Santiago Ramos no es sólo un acto que busca justicia: es defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales que el propio Estado argentino se comprometió a respetar. Porque no hay delito en defender el territorio. El verdadero atropello es perseguir a quienes lo habitan y lo cuidan.
