La situación en la Comunidad Mbya Puente Quemado II se agravó en las últimas horas y encendió todas las alarmas. Tras la detención del mburuvicha, Santiago Ramos, un nuevo operativo policial irrumpió en el territorio con un despliegue de varios patrulleros, en lo que se trataría de un desalojo encubierto.
Efectivos policiales ingresaron al lugar y trasladaron a hombres, mujeres y niños hasta la comisaría de Garuhapé. El procedimiento se realizó de manera abrupta y sin explicaciones claras, generando temor y confusión entre las familias. Además, hay siete nuevos detenidos –todos hombres- a quienes les secuestraron los celulares.
Una vez en la dependencia policial, comenzaron a interrogar a las mujeres sobre sus datos personales y los de sus hijos, incluyendo edades y composición familiar, y fueron separadas de los hombres.
El accionar policial se da en un contexto de creciente conflictividad, luego de la detención del mburuvicha en el marco de una causa por “usurpación”, sobre un territorio relevado por la Ley 26.160. La escalada represiva refuerza las denuncias de criminalización contra el Pueblo Mbya, que días atrás había llevado su reclamo al ámbito internacional, ante las Naciones Unidas.
Lo ocurrido constituye una grave violación de derechos, no solo por el posible intento de desalojo, sino también por el traslado de niños y niñas en un procedimiento sin garantías ni resguardo adecuado.
Organizaciones y activistas ya comenzaron a manifestarse en redes sociales por la inmediata liberación de Santiago Ramos. Mientras tanto, crece la preocupación por la integridad de las familias ante un conflicto que, lejos de resolverse, escala hacia niveles cada vez más alarmantes.
