El avasallamiento a los territorios indígenas en Misiones es sistemático, transversal y sostenido en el tiempo. Durante los últimos días, comunidades de San Ignacio y Caraguatay fueron noticia por hechos similares, y hoy se suma Capioví a esta alarmante ola de atropellos.
Se trata de Tekoa El Pocito, que desde mayo viene denunciando la intrusión de actores privados que se atribuyen la propiedad de un lote perteneciente a su territorio comunitario relevado bajo la Ley 26.160. La actividad comenzó con la tala de árboles nativos y la apertura de caminos dentro del monte, y ahora avanzó hacia la instalación de alambrado perimetral con fines ganaderos.
“Es un espacio de 23 hectáreas. El supuesto propietario manda a trabajar a los peones: están haciendo pozos para poner postes. Cuando nos dimos cuenta, ya estaban por la mitad”, relató Crispín Benítez, mburuvicha segundo de El Pocito. “Van a alambrar todo y quieren largar vacas lo antes posible. Sabemos que el señor también cría búfalos y quiere meterlos acá”.
La situación ya fue denunciada y luego ampliada ante la Comisaría de Capioví UR-IV. Mientras tanto, los miembros de la Comunidad permanecen custodiando el lugar. Una vez advertida la situación, solicitaron a los trabajadores que se retiren y procedieron a desarmar las instalaciones. “Tapamos los pozos que hicieron y sacamos los postes, sin romper nada. Los dejamos ahí”, agregó Benítez.
Actualmente, esperan una instancia de diálogo con autoridades. El Director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, se comprometió a participar de una reunión junto al intendente local, el supuesto propietario del terreno y representantes de la Comunidad.
“La verdad que hubo un apoyo enorme de la comunidad. Vinieron la mayoría de las familias: jóvenes, mayores, mujeres, niñas. Vimos una Comunidad unida, y eso nos fortalece como caciques”, reflexionó.
Este nuevo episodio de violación a los derechos territoriales indígenas exige una respuesta urgente por parte de los organismos estatales competentes. La falta de consulta previa, libre e informada —como establece el Convenio 169 de la OIT— vuelve a quedar en evidencia.
No se puede seguir negando el derecho del Pueblo Mbya a habitar y proteger sus territorios ancestrales.
