El Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo, busca generar conciencia sobre su valor y visibilizar las profundas injusticias que giran en torno a ella: porque el agua además de ser recurso esencial para la vida es por ello un derecho humano, pero millones de personas en el mundo aún no pueden acceder a ella.
En Misiones, miles de personas siguen viviendo sin agua potable, una realidad que afecta directamente a numerosas Comunidades Mbya de toda la provincia. Según los últimos datos “oficiales”, brindados el año pasado por el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, en una entrevista periodística, apenas el 10% de las Comunidades carece de este servicio y de energía eléctrica.
Sus declaraciones fueron rápidamente desmentidas por la Organización Tradicional Mbya, el Aty Ñeychyrõ, cuyos referentes señalaron que, si ese número fuera correcto, de las 140 Comunidades reconocidas en la provincia serían solo 14 las que se encuentran en esa situación. Sin embargo, presentaron una extensa lista en la que figuraban 25 Comunidades sin acceso a la luz y al agua, cifra que luego siguió creciendo con nuevos casos.
Aunque hoy no existe un número preciso -ya que muchas Comunidades no realizan denuncias formales- se estima que la cantidad supera las 30, lo que elevaría el porcentaje al menos al 20%, duplicando la errónea cifra oficial.
“Numerosas Comunidades siguen sin tener acceso al derecho humano del agua, consumiendo agua probadamente contaminada y, en algunos casos, sin ningún acceso directo a fuentes seguras”, denunciaron desde el Aty Ñeychyrõ.
Estas afirmaciones están respaldadas por estudios científicos de laboratorio. En Comunidades como Puente Quemado II, en Garuhapé, y Kokuere´i, en San Ignacio, se tomaron muestras de vertientes utilizadas para uso diario que demostraron que el agua no es apta para el consumo humano.
El informe, realizado por el Laboratorio Agropecuario de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU) concluyó que, “según las determinaciones efectuadas y los resultados obtenidos, la muestra no cumple con lo establecido por el Código Alimentario Argentino (Artículo 982 – Ley 18.284), ya que supera los valores permitidos de coliformes totales”. En otras palabras, el agua está contaminada con microorganismos provenientes de materia fecal y aguas servidas.
A estas Comunidades se suman otras, de Colonia Mado, como Yvy Porã y Takuapi Mirĩ, -entre muchas más en toda la provincia- donde incluso las clases se ven afectadas ya que las escuelas no cuentan con agua potable.
La médica familiar y antroposófica, Mariana Mampaey, anexó a este estudio un informe en el que advierte sobre los riesgos sanitarios de consumir este tipo de agua. Según explicó, su consumo “pone en riesgo de enfermedad a quienes la ingieran”, siendo los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores los más vulnerables.
Además, señaló que “el agua contaminada con materia fecal es uno de los factores más importantes en la desnutrición infantil de la población rural de Misiones”, y mencionó enfermedades frecuentes vinculadas a esta problemática, como hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y síndrome urémico hemolítico, entre otras.
“La desnutrición crónica de los niños Mbya Guaraní, su baja talla y la mortalidad infantil -muy por encima de la mortalidad general de la población infantil misionera- es una situación que merece ser atendida con seriedad y responsabilidad”, agregó.
Aunque existen Comunidades conectadas a la red, muchas deben afrontar problemas burocráticos y económicos sin perspectiva indígena ni ayuda estatal, como el caso de Ychongy Poty, en San Ignacio, donde hace más de un mes 35 personas permanecen sin acceso al servicio de agua potable luego de que la cooperativa local les cortara el suministro por una deuda que la Comunidad no puede afrontar.
“Queremos acceder al agua segura y limpia”
Mario Borjas, uno de los líderes del Aty Ñeychyrõ, alertó que, pese a los reclamos, las respuestas nunca llegan.
“Queremos acceder al agua segura y limpia, tenemos derecho a hacerlo. El Gobierno de Misiones tiene que escuchar y acompañar nuestro pedido. Nosotros también somos importantes. Tener agua es fundamental para beber y para la vida de las personas. Esperamos que el Gobierno ponga este tema en su agenda”, expresó.
Y agregó: “Antes las vertientes estaban protegidas dentro del monte, no se necesitaba agua potable, pero se fueron perdiendo y hoy los arroyos están contaminados”. Una de las empresas responsables de esta contaminación es la multinacional Arauco y su modelo extractivo, que causa serios daños ambientales y pérdida de biodiversidad.
El año pasado, más de 50 Comunidades de toda la provincia se unieron para reclamar por diversas demandas históricas y en una medida de fuerza ante el silencio estatal, acamparon durante cinco días en la Plaza 9 de Julio de Posadas. Entre los reclamos principales estaba el acceso al agua.
Sin embargo, volvieron con las manos vacías. Aunque solicitaron reunirse con el gobernador, el encuentro nunca ocurrió y, en un intento por descomprimir la situación, el Gobierno se limitó a anunciar una futura asamblea. Aunque después de eso, nada cambió.
La historia parece repetirse: mientras el Estado gana tiempo entre promesas, reuniones y trámites burocráticos, las Comunidades lo pierden esperando soluciones que nunca llegan.
La cuenca hídrica de Misiones se calcula en aproximadamente 29.801 km2, integrada por tres grandes ríos: el Paraná, que de toda su extensión, aproximadamente 380 km bordean Misiones; el Uruguay, con 684 km rodeando la provincia, y el Iguazú -el nombre hace al tema- cuyo largo total es de 1.784 km, de los cuales 115 km costean Misiones. No se pueden dejar de lado las dos grandes cuencas colectoras: Arroyo Piray, conformada por aproximadamente 15.000 km de arroyos y Arroyo Yabebiry, con una superficie de 1.890 km2.
La cuenca del arroyo Piray Miní en Argentina tiene una superficie de aproximadamente 7.986 km² y la del Piray Guazú, 912 km². Frente a estos datos, no proveer de agua apta y suficiente para el consumo humano es una decisión política discriminatoria usada como maniobra para presionar a las Comunidades.
El acceso al agua potable no es un privilegio ni una concesión política. Es un derecho humano esencial para la vida, reconocido en 2010 por la Asamblea General de la ONU, y su cumplimiento no puede seguir siendo postergado.
