La Comunidad Pindoty’i intimó a la Municipalidad de San Ignacio, a través de una carta documento, por la extracción de piedras, desmonte y movimiento de suelo, además de la conformación de un basural a cielo abierto, dentro de su territorio.
El hecho ya había sido expuesto públicamente en octubre, cuando constataron que camiones y maquinarias municipales ingresaron a una zona de monte nativo y comenzaron los trabajos.
Realizaron entonces las denuncias pertinentes y también dieron aviso al Ministerio de Ecología de Misiones. Sin embargo, al no obtener respuestas, se resolvió avanzar con esta medida, intimando al municipio a que, en un plazo de tres días hábiles, -que corren desde el 12 de diciembre- se informe por escrito si existe algún permiso que autorice estas acciones, exigiendo además el cese inmediato de toda actividad dentro del área denunciada.
En el mismo documento advirtieron que, de no cumplirse lo solicitado, se avanzará con acciones administrativas, civiles y penales, responsabilizando a la Municipalidad y a sus funcionarios por daño ambiental colectivo y por la afectación directa a la Comunidad Mbya Pindoty’i.
Anteriormente ya habían alertado sobre los peligros para el ecosistema y la salud que acarrea la instalación de un basural informal. No es la primera vez que sucede un hecho así, teniendo en cuenta que lo mismo hicieron en la Comunidad Yataí Mirĩ, y tras las denuncias, trasladaron el basural a Pindoty’i.
Cabe señalar que todas las actividades nombradas se realizaron sin autorización, se llevaron adelante sin la Consulta Previa, Libre e Informada, tal como lo establecen la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en violación de la normativa ambiental vigente, de la Ley 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios y de la ordenanza local que regula la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos (GIRSU) en San Ignacio.
Todo esto constituye una violación a los derechos indígenas, doblemente grave ya que se trata del municipio, el mismo que en el artículo 17 de su Carta Orgánica los reconoce como preexistentes y “promueve la conservación y enriquecimiento de su patrimonio cultural”, pero en lugar de eso les invade el territorio y les tira basura.
