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Las comunidades de San Ignacio, sobre todo Mbokajaty, estΓ‘ inmersa en un plan de lucha ante la agresiva escalada de violaciones a sus derechos territoriales. No hay tregua, no pasa semana sin encontrarse con un nuevo hecho que sacuda la calma con la que viven los Mbya.

Proyectos inmobiliarios, reservas privadas, obras para casas de fin de semana, son una constante. Ingresan, como si fuera el patio de sus casas, e intentan desestabilizarlos con insultos y amenazas. La propiedad privada, por sobre cualquier otra ley, parece imponerse hoy en el discurso popular como algo absoluto, irregulable, intocable. Se erige casi como una instituciΓ³n.

Esto sucede en un contexto propicio para fomentar una ΓΊnica visiΓ³n de la tierra: como mercancΓ­a. Este paradigma excluye todo juicio moral sobre las formas de posesiΓ³n y propiedad colectivas y ancestrales de las Comunidades IndΓ­genas, y olvida el reconocimiento constitucional, los tratados internacionales y las leyes aΓΊn vigentes que impiden desalojos forzados.

Con este discurso, que excluye y clasifica, que estereotipa y demoniza, se alzan violentas injusticias casi a diario en Mbokajaty. Ayer, pasada la media maΓ±ana, una mujer y dos hombres ingresaron a la Comunidad –escoltados por cuatro policΓ­as- diciendo que son los dueΓ±os del lugar. Silvio MΓ©ndez, representante legal de la Comunidad, realizΓ³ la denuncia en la ComisarΓ­a de San Ignacio, aunque resulta grotesco que, minutos antes, hayan sido oficiales de la misma unidad regional quienes ingresaron a intimidar junto con estas personas.

El miΓ©rcoles, en el Mandiocazo que realizaron en Posadas, pidieron por la titulaciΓ³n de su territorio que ya fue relevado por Ley 26160. Hubo repercusiones mediΓ‘ticas, pero nuevamente debieron lidiar con una situaciΓ³n desagradable. ΒΏCuΓ‘nto mΓ‘s permitirΓ‘ el Gobierno provincial? SΓ³lo pierde el que se rinde, y el Pueblo Mbya se levantΓ³ con fuerza para no dejarse vencer.

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