A mediados de julio, un violento hecho sacudió a Mbokajaity –pequeña Comunidad dentro del territorio relevado de Mbokajaty, en San Ignacio- cuando destruyeron casas y posteriormente robaron los materiales caídos, e incluso pertenencias de la Comunidad.
Tras el hecho, el Mburuvicha, Rosalino Ramos, presentó una denuncia en la comisaría local, dejando asentado que su hija, Marina Ramos, fue la principal afectada por el ataque en el que tumbaron dos casas, se llevaron las chapas que sacaron, cables de luz y hasta un molino que tenían para moler maíz.
El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°2 de Jardín América, sin novedad hasta la fecha, pero ahora sufrieron nuevamente un atropello dentro de su territorio, pese a estar relevado por Ley 26160 y tratarse de territorio indígena reconocido por la misma.
En videos filmados por miembros de la Comunidad, quedó registrada la violencia del hombre, quien a los empujones e insultos, machete en mano, aduce ser el dueño del lugar. Saca a los indígenas mientras se lo oye decir en tono violento: “Fuera, esto es propiedad privada”.
Incluso previo al derrumbe de casas, en mayo, fueron amenazados por personas que se encontraban macheteando el lugar y que serían familiares o empleados del hombre en cuestión. No solamente les cortaron sus plantaciones, sino también los cables de luz.
Mbokajaty fue relevada por la Ley 26160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de los territorios que tradicionalmente ocupan los Pueblos Indígenas. Más allá de este punto, jurídicamente indiscutible, está también el hecho -históricamente demostrado- de la preexistencia guaraní en un lugar emblemático como es San Ignacio, comprobada desde el año 1600 y ratificada por su Carta Orgánica que declara a las Comunidades Mbya Guaraní como preexistentes.
