La situación en Mbokajaty va en picada ante la inacción del gobierno de San Ignacio: un territorio legítimamente indígena está siendo intrusado por una familia jurua que se instaló –por segunda vez- en el mismo sector del que ya fueron echados una vez.
La policía sin poder resolver nada, porque no tienen las herramientas para hacerlo más que ir al lugar, y pararse a demostrar su ineficacia e ignorancia en derechos indígenas, y el Pueblo Mbya, una vez más, poniendo el cuerpo para defender su territorio.
“No vamos a parar. Van a venir de varias comunidades. Tienen que solucionar esto, porque nos vamos a quedar lo que haga falta hasta que esto se arregle, se tienen que retirar”, afirmó Kerechu, una mujer miembro de Mbokajaty.
Este conflicto comenzó a fines de julio y parecía haberse resuelto, cuando tras reiteradas gestiones de la Comunidad, esta familia –que había sido enviada allí por la Comisaría de la Mujer- fue reubicada en otro sitio.
Pero no tardaron en volver y esta vez trajeron camiones cargados de sus pertenencias, dando por seguro que piensan quedarse. No es responsabilidad de los mbya resolver un problema habitacional de este tipo. No es una guerra para ver quién es más vulnerable. Los Pueblos indígenas tienen derechos constitucionales sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, y es el Estado, a través de sus diferentes organismos, el que debe garantizarlo. No pueden solucionar un problema de vivienda a costa de usurpaciones.
Mbokajaty espera que la Municipalidad de San Ignacio aparezca con una solución definitiva. Hasta tanto, no se van a mover del camino que cortaron. Esta medida de fuerza es producto de la desidia gubernamental.
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