En un contexto de creciente presión sobre el territorio indígena, y frente a la recuperación pacífica tras el desalojo sufrido semanas atrás, comenzó a evidenciarse un preocupante proceso de hostigamiento que ya no se limita a los integrantes de la Comunidad, sino que alcanza también a quienes acompañan la defensa de sus derechos territoriales.
Esto se evidenció en una reciente presentación judicial realizada por el abogado del empresario Alfredo Ruff, el ex juez Osvaldo Rubén Lunge, quien solicita la detención de una integrante del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), a quien atribuye encabezar las “tomas de tierras privadas”, además del secuestro de la camioneta en la que se moviliza y de todo vehículo que traslade personas hacia el territorio recuperado bajo el argumento de que serían utilizados para “cometer delitos”. También requiere la intervención de Gendarmería Nacional y la presencia policial permanente en el lugar.
Entre los planteos más descabellados del escrito, el abogado de Ruff afirma que en el territorio recuperado habría “personas extranjeras tanto paraguayas como brasileras que ingresaron al predio con armas blancas, lo que constituye un grave peligro para la integridad física del propietario”, afirmaciones que carecen de sustento y forman parte de una estrategia orientada a profundizar la persecución contra quienes apoyan la causa indígena.
En esta misma línea, Lunge asegura que se está “extorsionando a niños, niñas y mujeres a permanecer en los distintos lugares de toma”.
Ante este escenario, las Comunidades junto al EMiPA resolvieron realizar una presentación ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. La decisión responde a la profunda preocupación por las reiteradas irregularidades judiciales, los hechos de hostigamiento y el creciente clima de persecución que denuncian; al no haber garantías dentro del sistema jurídico provincial, el riesgo es cada vez mayor.
Los planteos de Lunge exceden el marco de una controversia judicial y configuran un intento de desalentar y criminalizar el trabajo de quienes brindan acompañamiento jurídico y humanitario, desviando el foco de la cuestión territorial.
A este escenario se suma una amenaza mafiosa: se difundió un audio en el que un hombre advierte a un remisero que no traslade más a integrantes de Puente Quemado II porque “ya te tienen marcado los milicos”. Tras recibir el mensaje, el trabajador del servicio manifestó que dejaría de transportar a miembros de la Comunidad por temor a sufrir represalias.
El episodio profundiza la preocupación por un clima de intimidación que ya no afecta únicamente a la Comunidad, sino también a quienes, desde distintos ámbitos, acompañan la defensa de su territorio ancestral o que –como en este caso- solamente brindan un servicio.
La situación genera malestar ya que a partir de este caso, ningún remisero de Garuhapé quiere trasladar personas hasta la Comunidad, que queda a 30 kilómetros del casco urbano de la localidad y no hay colectivos que lleguen hasta allá.
Todo lo expuesto son maniobras periféricas al problema de fondo y tienen el objetivo de hostigar y ejercer presión sobre quienes sostienen el reclamo territorial. Esa es la estrategia impulsada por Ruff y su abogado: desplazar el foco del conflicto principal mediante acciones que buscan desgastar a la Comunidad y dificultar la continuidad de su defensa del territorio.
