La situación que atravesó la Comunidad Puente Quemado II -donde se produjeron detenciones en el marco de lo que fue un desalojo encubierto, ya que no se les permitió regresar a ese territorio- generó una fuerte ola de repudio en redes sociales frente al accionar policial y en apoyo a la Comunidad.
Desde que se conoció la detención del mburuvicha, Santiago Ramos, y posteriormente la de otros siete integrantes, además del traslado de mujeres y niños a la Comisaría de Garuhapé, el caso comenzó a viralizarse y a sumar adhesiones de distintos sectores.
El hecho, arbitrario, ilegal y violento, trascendió las fronteras provinciales y llegó a organizaciones nacionales e internacionales, que se expresaron a través de un comunicado conjunto en el que fijaron una postura contundente:
“Expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”.
El documento fue impulsado por la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní (REGCHAG) y acompañado por otras seis organizaciones: la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM), la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), Iglesias y Minería, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina (SICSAL), el Conselho Indigenista Missionário y la Alianza Global CONVIDA20.
“La situación se agrava ante la falta de acceso a la defensa y a las actuaciones judiciales, lo que configura un escenario de extrema vulnerabilidad”, advirtieron, en referencia a las irregularidades del procedimiento, que incluyeron la ausencia de notificación adecuada en idioma Mbya y sin intérprete.
También se sumaron otras organizaciones al repudio a través de redes sociales como Rebelión o Extinción, World Rainforest Movement, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, y activistas por los derechos humanos y ambientales. La noticia fue compartida cientos de veces y eso –sumado a la irregularidad del proceso, que fue insostenible-, impulsó la liberación de los detenidos.
El trasfondo no es ajeno al contexto reciente. Días atrás, el conflicto territorial de Puente Quemado II con la multinacional Arauco fue expuesto a nivel internacional en las Naciones Unidas. Pocos días después, un importante operativo policial ingresó al territorio relevado (Ley 26160) y, sin explicaciones claras, avanzó con detenciones y el desplazamiento de integrantes de la Comunidad. Aunque esta vez, el desalojo fue tras una denuncia del empresario maderero, Alfredo Ruff, con quien también llevan años en lucha.
“La defensa del territorio es un derecho. Criminalizar a quienes lo habitan, lo cuidan y lo defienden constituye una grave vulneración de derechos humanos y un retroceso inadmisible en materia de garantías fundamentales”, concluye el comunicado.
La situación en Puente Quemado II sigue siendo crítica. Mientras crecen las voces de repudio a nivel nacional e internacional, la Comunidad continúa esperando respuestas y el cese de un accionar estatal que, lejos de garantizar derechos, profundiza la persecución y criminalización por habitar el propio territorio.
A continuación, el comunicado completo:
