Desde un matutino provincial se ha difundido información errónea sobre lo sucedido en una reunión realizada este último miércoles en Capioví, donde la Comunidad El Pocito defiende y reclama lo que le pertenece. Frente a ellos, un grupo de no indígenas se opone defendiendo una pretendida propiedad privada, basada en el desalojo violento de los reales dueños, los Indígenas, quienes fueron expulsados de sus tierras para fundar el naciente Estado en un derecho de conquista heredado de España.
Hoy las Comunidades se paran frente a esa usurpación y reclaman lo que por derecho les pertenece. Aunque se legalice un delito, éste no deja éticamente de serlo. La historia nos muestra que la legalización de la injusticia no la hace legítima: en Sudáfrica se legalizó el apartheid, en Estados Unidos la segregación, pero nada de eso pudo resistir la lucha de la sociedad justa.
En dicha reunión participaron miembros de la Comunidad El Pocito, funcionarios municipales y provinciales y Javier Strieder, un vecino de la localidad que se atribuye la propiedad de 23 hectáreas -de las cuales una parte pertenece a la Comunidad-, aunque hasta el momento no presentó el título que lo acredite.
La Comunidad denuncia que Strieder intenta alambrar con fines ganaderos, un sector del monte que forma parte de su territorio relevado por Ley 26.160, fundamental para el desarrollo de su cultura, alimentación y uso de plantas medicinales.
La noticia tuvo repercusión mediática, aunque con información distorsionada. Según se publicó, Strieder ofreció “donarles” 10 hectáreas de su propiedad para uso comunitario, lo que no es cierto. Representantes legales de la Comunidad desmintieron esta afirmación: “Lo que Strieder le propuso a la Comunidad es poner el cercado y permitirles el paso para acceder a sus cultivos, plantas medicinales y demás, debiendo la Comunidad pedirle permiso cada vez que quieran acceder. No es que propone donarle u otorgarle la propiedad de esas hectáreas”, aclararon.
Por su parte, Crispín Benítez, segundo mburuvicha de El Pocito y docente de nivel primario, aclaró: “Nosotros no reclamamos el lote completo, sino la parte de monte que quedó dentro, que nos corresponde”.
Y agregó: “Estamos reclamando sobre el relevamiento territorial de un espacio que ocupamos ancestralmente. Reclamamos la posesión territorial que por ley nos corresponde. La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas, como así también tratados internacionales a los que a los que Argentina adhirió para nuestra protección. Tenemos esos derechos y vamos a defenderlos”.
“Si nosotros mismos, los guaraníes, no luchamos por esos derechos, los no indígenas no lo van a hacer. Nosotros somos los principales actores que promovemos la lucha”, expresó.
Además, señaló el compromiso de las Comunidades con la protección ambiental, que a diferencia de los no indígenas, se preocupan por el cuidado de la naturaleza y la preservación de especies nativas, animales y todo lo que ofrece el monte, “nosotros valoramos mucho la naturaleza y queremos que siga de pie ese monte, que nadie toque”.
En este sentido, el Ministerio de Ecología realizó dos inspecciones constatando la existencia de maquinaria pesada que se habría utilizado para la apertura de caminos y la tala de árboles nativos en infracción con la legislación vigente. Pese a haber sido invitado, el organismo no participó en las reuniones convocadas, mostrando claramente su parcialidad.
La mesa de diálogo continuará el lunes 4 de agosto a las 9 en la Municipalidad de Capioví. Strieder se comprometió a presentar formalmente su propuesta, ya que hasta ahora no quedaron claros sus alcances legales ni geográficos. La Comunidad, por su parte, solicitó tiempo para evaluar la situación y realizar una consulta interna.
Sin embargo, mientras se multiplican las promesas de diálogo, los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales siguen siendo vulnerados, y los territorios indígenas avasallados.
