Entrevista a la abogada Roxana Rivas
Hoy, 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos, celebrado a nivel mundial desde 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su etnia, color, religión, posición económica o social, entre otros puntos.
“El tema de este año es un llamamiento a reconocer la importancia y relevancia de los derechos humanos en nuestra vida cotidiana. Tenemos la oportunidad de cambiar las percepciones denunciando el discurso de odio, corrigiendo la información errónea y contrarrestando la desinformación”, explicaron desde las Naciones Unidas.
Mientras que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó a través de un comunicado de prensa su preocupación ante decisiones administrativas recientes de Argentina que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación.
En este contexto, “exhorta al Estado a cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas al adoptar decisiones administrativas y cualquier disposición interna sobre reconocimiento de las personerías jurídicas y titulación de tierras de los pueblos indígenas”.
Roxana Rivas, asesora legal de Comunidades Mbya, brindó una mirada reflexiva al respecto.
¿De qué manera se están vulnerando los derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina?
Argentina fue el único país que votó en contra de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que hablaba de garantizar el acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Esto marca una posición bastante concreta al respecto. También en el discurso que viene llevando el actual presidente desde campaña, cuando siendo diputado presentó un proyecto de derogación de la Ley 26160. Todo el tiempo están desconociendo los derechos, la preexistencia y los derechos sobre el territorio y la identidad que implica ser preexistente.
Entonces, ¿qué representan estas decisiones?
Es un pasito más dentro de las políticas que ellos venían anunciando y que van implementando. Los indígenas tienen todo un sistema de derechos nacionales e internacionales que protegen sus territorios y por eso son el enemigo para el proyecto económico extractivista que tiene este gobierno. Y no solo que aspira a eso, sino que está haciendo uso de todas las herramientas institucionales y legales que puede internamente con el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).
¿Es posible llevar adelante todas las modificaciones que pretenden?
Lo que digan en el discurso es una cosa, lo que está vigente, el bloque constitucional y convencional en vigencia, es otra cosa. Y en eso las normas internacionales de Derechos Humanos son fundamentales, protegen, no fueron modificadas y no pueden ser modificadas por ninguna ley ni por ningún decreto. Ahora, esta avanzada a nivel internacional implica el intento de resquebrar ese último eslabón que le parece que es más difícil de romper. Es peligroso porque para adentro genera un montón de situaciones de violencia.
De alguna forma, invitan a la sociedad a unirse a estos discursos…
El tema es lo que se propicia, porque, como decimos, toda la legislación, las leyes y demás, los derechos en general se ejercen haciendo, reclamando, poseyendo. Si no se ejercen, se van perdiendo. Y vemos con qué facilidad, se fueron resquebrajando los derechos de los trabajadores, por ejemplo, o los de las mujeres. Lo mismo pasa con los Derechos Indígenas. Hay una cosa de crear en la conciencia colectiva, o en el sentido común colectivo, que esos son derechos que son hasta extremos. Muchos cuestionan “para qué necesitan tantas hectáreas, no aprovechan, están contra la propiedad privada, están contra el progreso”, todo eso. Y así se va resquebrajando el tejido social.
Justamente este año, las Naciones Unidas hacen hincapié en el tema de los discursos de odio y la desinformación, ¿cómo podemos combatir esto?
Ese creo que es el mayor desafío. También es un proceso un poco a contramano de lo que vemos en países de Europa, donde se está discutiendo cómo el Estado puede intervenir, regular y sancionar esas conductas de una forma más firme y más concreta. Pero acá lo que tenemos es un Estado que no asume la obligación de garantía que tiene respecto a los Derechos Humanos. Entonces ahí tenemos un problema, porque su obligación ante el mundo y ante la ciudadanía es garantizar estos derechos. En cambio, se retira de todos los espacios. Y lo hace explícitamente, lo hace reclusiva y discursivamente. Y todavía no está prendiendo la alerta global que debería haber en la población…
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