Un nuevo caso de falta de acceso al agua potable sacude a una Comunidad Mbya. Se trata de Ychongy Poty, en San Ignacio, donde desde hace más de un mes se encuentran sin servicio. Son ocho familias -35 personas en total- que atraviesan días de temperaturas extremas sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse.
El mburuvicha, Ariel Ramos, explicó que si bien la Comunidad está conectada a la red de la CAPSI (Cooperativa de Agua Potable de San Ignacio), el servicio fue cortado por falta de pago. La situación resulta irregular desde el inicio, ya que era el municipio quien se hacía cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso, generando una deuda que hoy les resulta imposible de saldar.
Ante este escenario, realizaron una denuncia en la Dirección de Asuntos Guaraníes. Según contó el mburuvicha, el director, Francisco Rodríguez, prometió ayudarlos, pero hasta el momento no hubo respuestas concretas. Actualmente, la deuda ronda el millón y medio de pesos.
“Francisco se comprometió a solucionarlo para que no tengamos más problemas y no tengamos que pagar, pero eso fue hace dos meses y hasta ahora no apareció en la Comunidad. Ya no sabemos a quién pedir. El agua es lo más importante; tengo dos abuelas y muchos chicos”, explicó el mburuvicha.
Y agregó: “No tenemos arroyo cerca para buscar agua, estamos lejos. Les estamos pidiendo a nuestros vecinos: algunos nos dan y otros ya no quieren. Compartimos lo poco que nos dan o compramos cuando podemos, pero la estamos pasando muy mal”, lamentó.
Por su parte, la abogada Roxana Rivas, explicó que la situación es irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la Comunidad y no del mburuvicha. “La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las Comunidades Indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, señaló.
Además, recordó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, establece que los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas, entre ellos el acceso al agua potable y al saneamiento. “El prestador debería tener esa perspectiva de que el consumidor es en este caso una Comunidad indígena, y es impagable un servicio de esa característica. Deberían acceder al agua de manera gratuita”.
Mientras la burocracia se interpone una vez más entre la vida humana y un derecho fundamental, hoy 35 personas de una Comunidad Mbya están atravesando el calor extremo sin agua.
