Hoy comenzó el juicio oral contra Marcelo Núñez, exmburuvicha acusado por la muerte de su pareja, María Solange Diniz Rabela. Hoy también es el Día Mundial Contra los Discursos de Odio, de los cuales los Mbya son víctimas sistemáticamente y este caso no es la excepción.
De hecho, desde un primer momento, el proceso estuvo atravesado por irregularidades graves, la falta total de perspectiva intercultural y una condena social y mediática reforzada por prejuicios racistas y discriminatorios.
En todos estos años, desde 2020, no se respetaron derechos básicos: no hubo intérprete desde el comienzo, no se aplicó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que establece el derecho de los Pueblos Indígenas a procesos judiciales culturalmente adecuados y en igualdad de condiciones- y hoy quedó en evidencia la deficiencia intercultural del sistema judicial.
La causa además fue amplificada por medios de comunicación que difundieron la acusación con tono sensacionalista, reforzando estereotipos y sin resguardar la presunción de inocencia ni los derechos del imputado. En redes sociales y portales, Marcelo fue estigmatizado, juzgado y condenado simbólicamente. Hoy las noticias continuaron replicando esta idea.
Aunque la causa fue presentada públicamente como un femicidio, lo cierto es que no existen pruebas concluyentes que incriminen a Marcelo Núñez, quien lleva años en prisión preventiva. Por el contrario, el expediente contiene testimonios que señalan a personal médico como responsable de la decisión de incinerar el cuerpo de Solange, al considerar que había fallecido por Covid-19.
Durante la primera audiencia del juicio oral, quedó en evidencia la profunda desconexión entre el sistema judicial no indígena y el Mbya. Los testigos Mbya que declararon estaban visiblemente asustados, confundidos y sin comprender plenamente las preguntas que se les hacían. A pesar de que algunos intérpretes estuvieron presentes, la instancia judicial no fue adaptada culturalmente ni preparada para contener o respetar sus modos de expresión ni sus tiempos.
Este tipo de situaciones revela que el sistema judicial argentino sigue siendo monocultural, excluyente y profundamente inaccesible para los Pueblos Indígenas, tanto en su lenguaje como en sus procedimientos.
En este caso, la búsqueda de la verdad fue relegada por completo. Lo que quedó en evidencia es una justicia racista, que no escucha sin prejuzgar y que deja al descubierto el profundo racismo estructural que atraviesa todo el sistema judicial.
Mañana será un día clave: no se trata solo de una condena o una absolución, sino de la posibilidad de demostrar que otra justicia es posible. Los jueces tienen en sus manos la oportunidad de reparar años de injusticia, prejuicio y abandono.
