Comienza el juicio oral a Marcelo Núñez, exmburuvicha de la Comunidad Taruma Poty, San Vicente, preso desde 2020 acusado de haber asesinado, descuartizado y quemado a su entonces pareja –de 22 años- María Solange Diniz Rabela. A pesar de la condena mediática y social, instaladas desde un primer momento, existen pruebas que demuestran su inocencia, además de graves irregularidades en el proceso y una criminalización sostenida por prejuicios racistas.
El acusado fue detenido sin pruebas concluyentes y, hasta el momento, no existe una hipótesis de que la joven haya muerto de manera violenta. El caso se armó sin pericias clave, presunciones infundadas y una mirada estigmatizante que recayó sobre Núñez por ser Mbya.
Jorge Zabulanes, abogado defensor, aseguró a horas del comienzo del juicio: “Él es totalmente inocente, si no hubiera sido aborigen probablemente ya estaría fuera, el abandono a las Comunidades Indígenas tiene una base institucional y racial”, y agregó que en ningún momento se respetaron los derechos del imputado.
Sobre el hecho en sí, relató que la noche previa a su muerte, la joven comenzó con malestares en general –fiebre, vómitos- y que llamaron a un médico para que fuera a asistirla, pero nunca llegó; recién lo hizo al día siguiente, cuando ya era tarde. “Ellos se presentaron recién a la mañana. Ni el camillero quiso llevar el cuerpo, ni la doctora quiso verlo. Dijeron que era Covid, que eso era muy peligroso y podía contagiar a toda la aldea. Entonces, les recomendaron deshacerse del cuerpo o prenderle fuego”, explicó.
Recordó entonces que en aquel momento, en plena pandemia por Covid, los protocolos sanitarios cuando alguien fallecía eran sumamente estrictos, y los agentes sanitarios trasladaban los cadáveres con un equipo especial de protección, pero los abandonaron a su suerte y eso jamás sucedió. “Después llegó la Policía y les dijeron ‘es asunto de ustedes’, les dieron el certificado de defunción y se fueron”.
Después de eso, comenzaron a organizar todo para quemar el cuerpo, como les habían recomendado. “Lo lavaron, como es costumbre en su cultura, lo revisaron –eran tres personas de la Comunidad- y constataron que no tenía inflamación, ni heridas, ni cortes, nada raro”, afirmó Zabulanes. Tras asegurarse de que no había signos de violencia, procedieron a quemar el cuerpo.
Días más tarde, tras una denuncia radicada por el padrastro de la joven, se presentó Criminalística en la Comunidad y exhumaron el cuerpo. “Ahí fue donde empezaron los desmadres, sacaron el cuerpo con pala y azada, que es una barbaridad, no se realizó un trabajo cuidadoso ni respetuoso. Es un trabajo arqueológico, se van sacando fotos, se van haciendo croquis de cómo estaban colocados los huesos. Acá metieron azada, pala, metieron todos los huesos en una bolsa negra y los llevaron”, lamentó. Y enfatizó: “Ahí es donde yo creo que sale la versión de que el cuerpo estaba cortado en partes y que él la mató. Creo que fue para cubrirse ellos del desmán que hicieron cuando sacaron el cuerpo”.
El informe forense
Zabulanes brindó información sobre la conclusión del informe forense, donde se explicitó que el cuerpo no fue desmembrado previo a ser quemado. “La conclusión que sacó fue que el fuego, al resecar ciertas partes del cráneo y otras partes, hace que reviente y se parta, no es que él la haya cortado, como se buscó instalar”.
Sobre el serrucho y la manta encontrados como pruebas, especificó que “ninguno de los dos tenía sangre humana, solamente la colcha restos de ADN, que podrían ser de sangre menstrual o incluso vómito”.
Núñez lleva años en prisión preventiva, en condiciones que no contemplan su cultura, su rol comunitario ni su derecho a libertad condicional. Tampoco hubo acceso adecuado a traductores ni intérpretes durante los primeros tramos de la causa. “Él hace 5 años que viene esperando este juicio. La discriminación a las Comunidades Aborígenes es muy fuerte”, reflexionó su abogado.
La respuesta estatal parece haber optado por una resolución rápida antes que una investigación exhaustiva y respetuosa. Es otra expresión más del racismo estructural que criminaliza a los Pueblos Originarios, especialmente cuando se enfrentan al sistema penal.
“Me gustaría que se haga justicia y que esta persona no siga en la cárcel porque no hay ningún elemento que pueda decir que cometió un asesinato. Sin embargo creo que aunque él salga, la situación en relación al trato y la discriminación con los indígenas no va a cambiar. Si no fuese Mbya, hubiese tenido acceso a otras cosas”, expresó el abogado.
Sobre el acusado, afirmó que está “con esperanza” y tiene el apoyo de su Comunidad. “Ellos lo ven como una injusticia y un atropello a toda su cultura y a toda su forma de ser… porque que entren, que les saquen un cadáver y se lo lleven y lo acusen sin pruebas… es un agravio a toda la Comunidad. Por eso, en general actúan como un solo ser”.
En una sociedad que aún no ha superado la mirada colonial y que estigmatiza a los Pueblos Indígenas, el juicio será una prueba para todo un sistema judicial interpelado por su falta de interculturalidad, su tendencia al punitivismo selectivo y la persistente negación de los derechos indígenas en Argentina.
Lo que está en juego no es solo una condena o una absolución, sino la posibilidad de construir una justicia verdaderamente intercultural, que no confunda identidad con culpabilidad ni castigue la diferencia con prisión.
