La Comunidad Mbya Puente Quemado II, cuyo territorio se encuentra en la zona rural del municipio de Garuhapé, continúa sin obtener soluciones a la falta de acceso al agua potable, situación que pone en riesgo la salud de sus integrantes y que representa una grave violación a sus derechos.
Se trata de una problemática que persiste a pesar de los reiterados pedidos y gestiones que desde hace varios años viene llevando adelante la Comunidad ante la Municipalidad de Garuhapé y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes.
Recientemente, el Mburuvicha (cacique) de la Comunidad, Santiago Ramos, insistió con el reclamo ante ambas instituciones, recibiendo una respuesta que por estas horas despierta aún más preocupación en Puente Quemado II. “A fines de diciembre, volví a comunicarme con el municipio por este tema, pidiendo que se realice la perforación que nos permita tener agua potable. La contestación que recibí fue que si queremos tener agua potable, tenemos que irnos a vivir a otra Comunidad” señaló Ramos, quien advierte en esta situación, un nuevo atropello.
Según añadió el Mburuvicha Ramos, la misma hipótesis fue planteada por funcionarios de Asuntos Guaraníes que días atrás arribaron a la Comunidad. “Lo que nos dicen ahora tanto en la municipalidad como en Asuntos Guaraníes, es que para tener agua debemos abandonar nuestra Comunidad y trasladarnos a la Comunidad Puente Quemado I, que queda sobre la ruta provincial 220. Pretenden que abandonemos todo y nos vayamos de esta tierra que nos pertenece por ley y que habitamos desde hace varias generaciones” denunció Ramos.
El territorio de la Comunidad Puente Quemado II, relevado en el marco de la Ley Nacional 26.160 (eliminada por decreto el 10 de diciembre de 2024), comprende 657 hectáreas, aunque más de la mitad de esta superficie se encuentra invadida desde hace varios años por plantaciones de la empresa forestal Arauco.
En los últimos años, la Comunidad viene denunciando el asedio de esta multinacional y sus contantes maniobras para apropiarse del territorio de Puente Quemado ante la inacción del Estado. “Parece que para el municipio de Garuhapé y Asuntos Guaraníes son más importantes los intereses de esta empresa extranjera que nuestros derechos como Comunidad de un Pueblo Indígena preexistente” aseguró el cacique.
Además de las viviendas familiares y los cultivos comunitarios, dentro del territorio de Puente Quemado II funciona el aula satélite de la Escuela Intercultural Bilingüe 657, donde asisten unos treinta niños de la Comunidad.
Pero ni siquiera la presencia de un espacio educativo logró sensibilizar a las autoridades responsables de generar las condiciones para que la Comunidad acceda al derecho del agua potable. Frente a este complejo panorama, las personas de la Comunidad se ven obligadas al consumo de agua extraída de arroyos de la zona, exponiéndose a contaminaciones y enfermedades.
A todo este penoso panorama, se suma la carencia de otro servicio esencial: la energía eléctrica. Para el Mburuvicha Ramos, se trata de un contexto inadmisible en pleno siglo veintiuno, que contradice fuertemente al relato oficial y turístico acerca del valor de la diversidad cultural, pero que en los hechos priva a las Comunidades Indígenas de sus derechos básicos.
“Nos condenan a vivir sin agua potable, sin energía eléctrica, nos invaden el territorio y ahora pretenden que abandonemos nuestro territorio” concluye Ramos.
Desde la Comunidad advierten una maniobra tendiente a consumar un desalojo encubierto, a partir de la extorsión que implica poner como condicionamiento para el acceso al agua potable, el éxodo de las familias de su propio territorio.
“Esto se soluciona con voluntad política y recursos para realizar una perforación en la Comunidad. Tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, no pueden decirnos que si queremos agua tenemos que ceder nuestras tierras. No estamos dispuestos a abandonar nuestro lugar” expresó la máxima autoridad de Puente Quemado II.
Con el acompañamiento activo del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), la Comunidad Mbya continuará reclamando el acceso al agua potable y la energía eléctrica, rechazando abiertamente la posibilidad de traslado a otro lugar.
El reconocimiento jurídico que actualmente posee el derecho al agua como derecho humano, implica uno de los avances contemporáneos más importantes en el desarrollo del derecho Internacional relacionado con Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, que además plantean la responsabilidad de los Estados intervinientes a la hora de garantizar este derecho.
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