El hostigamiento que vienen sufriendo las Comunidades en San Ignacio –que ya es de público conocimiento- se da no sólo por parte de terceros que se adjudican lotes de su territorio relevado, sino que lo hacen en compañía policial, sin ningún tipo de habilitación u orden judicial.
Ante la gravedad de los acontecimientos recientes, Mbokajaty y Mbokajaity presentaron una denuncia por Violencia Institucional al Ministerio de Gobierno de Misiones por “omisión de deberes de funcionarios públicos, actos y conductas discriminatorias”.
El documento manifiesta que pese a que dichas Comunidades forman parte de un territorio relevado por Ley 26160, lo que implica que han sido reconocidos sus derechos de posesión sobre el mismo, los intentos de desalojo son sistemáticos.
Durante los últimos tiempos han tenido que soportar campañas de odio y deslegitimación de sus derechos, amenazas, intrusiones, “y recientemente alambrándose territorio indígena, todo esto con el objetivo de impedir que ellos circulen por allí”.
Estos hechos, que suceden sin documentación ni consulta previa (requisito legal ineludible), “las llevaron adelante siendo acompañadas por personal policial que hacían de custodia, a pesar de no tener facultades para ello, ni orden judicial alguna que los habilitara para tal función”.
En este sentido, evidenciaron que los policías incumplen con sus obligaciones, vulnerando Derechos Indígenas y que además “acompañan y legitiman conductas de extrema violencia”, ya que “muchas veces junto a estos terceros presencian injurias, amenazas, insultos, daños, y no actúan en consecuencia”.
“No es tolerable en un sistema democrático de derechos, que la policía se constituya en una herramienta de represión de particulares por y para intereses de otros particulares”, sentenciaron.
Por estas razones, solicitaron que se investiguen y sancionen estas conductas.
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