La historia de nunca acabar. Otra vez, la familia que a fines de julio intrusó el territorio de la Comunidad Mbokajaty, San Ignacio, y luego debió retirarse tras la firmeza de la Comunidad, volvió a instalarse a pocos metros del sector en el que estuvieron antes, pero esta vez llevaron consigo muchas más pertenencias.
El hecho es inaceptable por donde se lo mire, y el manejo por parte de las autoridades, nefasto. Desde un principio la situación fue inmoral y no sólo se pasó por encima los derechos indígenas, sino que además se buscó responsabilizarlos del problema habitacional de una familia vulnerable.
Lo que sucedió -para recordar- fue que el 27 de julio, una mujer y un hombre se instalaron en su territorio junto con tres niñas (y un perro muy agresivo), quienes además manifestaron haber sido llevados allí por la Comisaría de la Mujer. Dicho territorio fue relevado en el marco de la Ley 26160, que implica el pleno reconocimiento estatal de la posesión ancestral indígena sobre el mismo.
Desde entonces, la Comunidad intentó resolver la situación de manera pacífica, pero no quisieron escucharlos. Luego se presentó una denuncia y una posterior ampliación, pero cuando los agentes policiales llegaron a la Comunidad, lejos de resolver el conflicto, trataron a los Mbya de usurpadores. Esta vez no fue diferente. La historia se repitió tal cual.
Mientras tanto, un funcionario de Acción Social de la Municipalidad, César Ramírez, intercambió mensajes de texto con el Mburuvicha, pero no se presentó en el lugar para mediar la situación.
Tras haber hecho público el caso, junto con otro funcionario se acercó a la Comunidad y ambos se comprometieron a darle una solución al problema.
El último recurso fue la presentación de una nota al intendente, Esteban Romero, en la que denunciaron todo lo ocurrido y solicitaron intervención urgente. “No se puede trasladar a nuestra Comunidad una responsabilidad que no nos cabe, esto es resolver un problema habitacional. Estas personas fueron incentivadas irresponsablemente para la ocupación como forma de eximir al Estado, en este caso municipal, de su obligación de brindarles condiciones dignas de vida o recursos para la subsistencia”, habían declarado en la nota presentada, que nunca fue respondida.
Finalmente, días después y tras haber soportado agresiones, discriminación, presiones y amenazas, la resistencia de la Comunidad logró que reacomodaran a la familia en otro sitio. Pan y circo. Cuando las aguas se aquietaron, volvieron. Otra vez Mbokajaty resiste y lucha.
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